Vértigos de la crisis

Los hechos se suceden de forma vertiginosa. Voy escribiendo estas líneas en los momentos donde decido sustraerme por un rato a la observación de lo que muestran los medios y de lo percibo en la calle luego se salir a hacer alguna tarea cotidiana. Los penosos hechos de hoy en Gualeguaychú, epicentro focal evidente de este movimiento sedicioso y golpista, marcan que lo que vine escribiendo era lamentablemente la lectura correcta de los hechos. Las “protestas” estás orquestadas en sus fines y en su implementación para obtener lo que piden o voltear al gobierno, sin terceras opciones. Han instalado un clima de total desobediencia civil a las autoridades legítimamente constituidas de la democracia. Estos grupos no acatan fallos de la justicia ni acatan las leyes de la nación ni las disposiciones del poder ejecutivo; eso tiene un solo nombre: sedición. Pusieron al gobierno contra las cuerdas, no le dieron opciones. No olvidemos que por más que nos guste o no este gobierno, que tengamos nuestras gruesas disidencias con él, o que estemos hartos de algunas de sus miserias y tropelías -como es mi caso-, es el que detenta el legítimo poder político institucional que representa al estado de derecho.

Por fin, desde el gobierno entendieron que debían actuar y liberar las rutas aplicando las leyes de la nación. Era imposible sostener un país mirando de brazos cruzados como unos sectores sediciosos producían la ruptura operativa del país tratando de imponer por la fuerza e ilegalmente su posición multiplicando bloqueos de vías de circulación de personas y suministros. La actitud de los sublevados pone al gobierno contra las cuerdas y le deja sólo dos opciones: o acata incondicionalmente el pedido que los sublevados o actúa con firmeza, pero vista la virulencia y obstinación de los rebeldes es muy probable que tenga que acudir a la fuerza pública para normalizar la situación, no le están dando otra opción desde el momento que no acatan la autoridad constituida ni los dictámenes de los jueces. Proceder con firmeza es una señal necesaria, al igual que convocar al diálogo pero bajo la condición de deponer los bloqueos.

Esto se convierte en un episodio análogo a los levantamientos de Aldo Rico en 1987 y de Seineldín en 1990. Días pasados observaba con inquietud como desde los centros urbanos llegaba, aún desde sectores progresistas que decían defender al gobierno, un mensaje de ingenuo optimismo que creía que se podía apoyar al gobierno y sostenerlo sólo desde la declamación intelectual, al mismo tiempo que se debía observar de brazos cruzados la actuación de los grupos sediciosos que no reconocen la autoridad constituida como si nada pasara. Desde la comodidad de una facultad, una oficina o un café de la Av. Santa Fe me parece que muchos tienden a desconocer la realidad de esta rebelión que ocupa buena parte del interior del país, y sólo tomarán conciencia de sus efectos cuando a la gran metrópoli dejen de llegar los insumos básicos para la vida. Yo vivo en una pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires, no tan lejos de la Capital pero lo suficiente para palpar el clima de este “interior” donde crece como reguero de pólvora el consenso en torno a una idea que consiste principalmente en no reconocerle autoridad alguna a este gobierno, dándole la razón unilateral y ciegamente a cualquier acto o argumento que provenga del “campo”. A nadie parece importante mucho la pérdida del orden constitucional y están convencidos de que sólo hay dos opciones o salidas excluyentes: o el gobierno le concede al campo todo lo que pide o se tiene que ir.

Los productores de Gualeguaychú y otros grupos duros o autoconvocados, están sublevados, y sediciosos se arrogan la representación del pueblo, deciden por él decidir sobre la vida y la libertad de todos los argentinos, además de desconocer a las autoridades. Su discurso es intolerable; pretenden argumentar que lo que hacen no es “ilegal” sino una mera “protesta”. No se puede aceptar esta estúpida manipulación: no tienen voluntad de negociar sino que su objetivo sin retorno consiste en imponer por la fuerza e incondicionalmente su criterio, o bien presionar por la fuerza para voltear al gobierno mediante actos de rebelión contra el estado de derecho como son los bloqueos, actos que representan el uso ilegal de la fuerza aunque no usen armas de fuego, ya que actúan mediante la disposición de barreras físicas, coacciones y amenazas; ya es hora que se hable de bloqueos sistemáticos y no de “cortes”.

Lo mismo decía Aldo Rico cuando se sublevó en Monte Caseros, que lo suyo no era un atentado contra el orden constitucional sino una “protesta” de representación de un sector de oficiales del ejército contra la política de derecho humanos de Alfonsín. Negar la ilegalidad de los actos sediciosos deliberados, planificados y sistemáticos forma parte de las tácticas golpistas. En estos días, conversando con algunos amigos, muchos me decían que yo estaba exagerando las cosas; que el gobierno no debía tomar ninguna medida que implicara el uso de la fuerza porque sería asimilado a “represión”, de modo que la solución que veían lógica para el gobierno era que soportara el golpismo en actitud pasiva, al mismo tiempo que siguiera intentando mediante discursos estúpidamente persuasivos y declamatorios hacer respetar su lugar y las medidas tomadas, cosa que era brutalmente negado en los hechos. Espero se hayan dado cuenta de lo absurdo de tal postura; se ha demostrado que eso es imposible, la única forma de no hacer cumplir mediante la fuerza pública la legalidad a aquellos que no la quieren acatar por propia voluntad es aceptarles el reclamo y darles todo lo que piden. A los que dicen que el intento de aplicar la medida judicial de hoy y la detención de De Angelis es un error, les pregunto: ¿Cuales eran las demás opciones que tenía el gobierno para decir que era un error? Sólo tenía dos: aceptar incondicionalmente lo que pedían para destrabar definitivamente el conflicto, o inmolarse esperando una segura e inminente caída ante el crecimiento galopante del caos provocado por las consecuencias de la escalada de actos de bloqueo y desobediencia civil.

Si fuera necesario apelar al uso de la fuerza pública esto no lo puede hacer el gobierno solo y aislado ni menos que menos el poder ejecutivo, necesita un apoyo orgánico y popular cierto y que vaya más allá de su círculo ultra-íntimo de acólitos. Ya mismo el gobierno debiera convocar a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria y declarar la emergencia que impone la puesta el peligro de la legalidad constitucional. Pero obviamente, esto no parece en principio muy fácil de lograr; pocas ganas de tenderle una mano le puede quedar a sector político alguno, aún aquellos que fueran afines en los trazos gruesos ideológicos, después de sufrir el comportamiento kircherista; su glotona acumulación de poder, su autismo, su cerrazón, su soberbia y su desprecio de la crítica, del debate y de todo aporte de ideas. La izquierda anda por ahí, cargando con el ninguneo que le propina el gobierno y su debilidad. Lo más visible de la oposición –léase Elisa Carrió y algún sobreviviente radical- obviamente están especulando ya a su favor tomando encendido partido por el campo. Macri sigue temeroso e irresoluto al respecto. El resto del peronismo poco y nada, incluido un Reutemann tan ambiguo como incapaz, y un Duhalde poco visible a comprometerse aunque deje siempre la duda de si realmente estará tejiendo alguna influencia en las sombras (¿). Pero aún así imagino posible -¿o tan sólo deseable?- la generación de un consenso de apoyo cívico-político que sea enfático en la condena de los actos sediciosos del sector agropecuario (la ilegalidad de su pretensión de obtener se le conceda por la fuerza la totalidad de sus pedidos) como forma de “protesta”, y que incluya una agenda abierta en la temática en conflicto para iniciar una revisión de políticas. Se verá quién apoya esta iniciativa o no. Basta de autismo, y para los sectores que dicen apoyar al gobierno en tanto creen necesaria la continuidad de su mandato, llegó la hora de los hechos, las palabras ya no sirven. Si el gobierno cree que le bastará con D’ elía para defenderse, entonces sus horas estarán contadas y su caída será un hecho irreversible, salvo el último recurso que siempre le quedará de acatar el reclamo. Cuando ocurrieron los hechos de Semana Santa de 1987 el gobierno de Alfonsín fue relativamente hábil para solidificarse pidiendo al apoyo de todas las fuerzas y explicando al pueblo la situación, aunque de todos modos haya terminado concediendo las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Alguien tiene que explicarle a los que todavía se resisten a entender los hechos objetivos de está extorsión inconstitucional que está cometiendo “el campo”.

Finalmente, una ironía: a los que creen en toda esa basura mediática acerca de que lo que está haciendo el campo es “legítima manifestación popular” y todo acto contrario es “represión”, bueno, entonces que firmen entonces de una vez la caída del gobierno a manos de los sectores que impondrán la política sojera sin retenciones y máxima rentabilidad. En el peor de los casos habrá que salir a cortarles las rutas al futuro gobierno sojero el día que nos caguemos de hambre.