Esta lógica devoradora de la sensatez cívica muestra una vez más el endémico mal histórico argentino que es el desprecio a la Ley, y en este caso a la Ley suprema que es la constitución nacional; instrumento que se pretende pisotear y acomodar a cada interés particular sin respetar su esencia.
En Argentina se ha legitimado de facto que cualquier reunión de personas es soberana por encima de la Constitución, las leyes y las autoridades legítimamente constituidas mediante el voto popular. Puede hacer uso de la fuerza, cortar puentes internacionales, bloquear caminos, provocar todo tipo de daños sociales, desoír órdenes judiciales y disponer libremente a su antojo de la vida y los bienes de las personas, ante un estado que rinde totalmente su soberanía huyendo de cualquier acción bajo una falaz auto-condena de “represión”.
¿Por qué hago hincapié en esto? ¿Me he vuelto un acérrimo institucionalista? ¿Es que veo con cierto recelo las expresiones populares directas que ganan la calle? No. Sólo creo es un hecho clave para entender los acontecimientos dilucidar cómo sobre efectivas actitudes de reclamo de sectores del pueblo se montan operaciones de manipulación del poder.
Los antecedentes más significativos del crecimiento de la tendencia son los episodios que antecedieron a la caída de De la Rúa el 20 de diciembre de 2001. La táctica es simple: montarse sobre genuinas expresiones de descontento popular para manejarlas y activar mecanismos desestabilizadores. Pero fue durante el gobierno de Kirchner que se consolidó su delirante instalación definitiva en el imaginario social: cualquier accionar que sea presentado como “protesta” y que incluya algún agrupamiento de personas tiene impunidad absoluta y el estado debe claudicar toda capacidad de acción, sin importar el grado de representatividad que estos grupos tengan del conjunto social. Kirchner fue el principal responsable de la instalación como verdad pública de esta lógica perversa, mostrando el más irresponsable de los populismos y la peor de las miopías políticas. Festejada por la intelectualidad oficialista, era en realidad una concesión demagógica y facilista para complacer a la progresía nacional y tener a favor a los sectores “piqueteros” que encabezaban protestas sociales, a la vez que se suponía se bajaban riesgos de tener alguna complicación, léase algún muerto como tuvo Duhalde en 2003 con Kostecki y Santillán masacrados en una salvaje emboscada por asesinos de la policía bonaerense. Nadie pareció advertirle los peligros de tal aventurado mensaje que eran nada menos el de estar poniendo en venta, muy barato y al primer postor mínimamente organizado, la soberanía del estado. Nadie imaginó que la medida sería manejable sólo cuando los reclamos fueran pequeños planteos por alguna reivindicación gremial concreta sin segundas intenciones, pero que significaba poner una poderosa arma desestabilizadora en manos de cualquier sector con cierto poder que quisiera ir en contra de la voluntad popular.
El primer síntoma grave de perdida de soberanía fue la pasividad ante el corte del puente internacional con Uruguay que condicionó la política exterior del gobierno, llevándolo incluso a un papelón en aquella cumbre donde el ex presidente Kirchner pretendía negociar con su par de Uruguay sin tener el más mínimo manejo de la situación. La consecuencia de la mediatización de esta lógica hoy día es que se da por aceptado que un sector si no está de acuerdo con una medida de gobierno tiene derecho a rebelarse contra su autoridad y usar la fuerza hasta obtener lo que le conviene o provocar una desestabilización que lo voltee. No importa a quién perjudique o que ley viole, se instauró un “valetodo”, una suspensión de la vigencia de la Ley, una anarquía festejada mediáticamente y avalada por fuerzas y dirigentes políticos de la democracia. Por el solo hecho de juntar una cierta cantidad de gente que apoye y revestir de cierta razonabilidad a la causa del reclamo se da por sobreentendido que adquiere legitimidad cualquier accionar. Acreditar esto como algo aceptable es la locura que está cometiendo gran parte del país, la mayoría de los medios y buena parte de la oposición que se suma a esta carrera del campo para liquidar este mandato de un plumazo, a imagen y semejanza de los golpes de mercado.
De validarse esta práctica en los hechos implicaría una regresión profunda de la sociedad argentina a la noche oscura de los golpes de estado. Ya nada asegurará el respeto al estado de derecho y las autoridades legítimamente constituidas mediante el voto popular y los sectores históricamente golpistas habrán encontrado una nueva vía de acceso al poder. Ya no será posible jamás ninguna política que afecte mínimamente sus intereses por más que sea votada por la mayoría del pueblo. Las rutas se convertirán en el teatro de la contienda democrática.
Ahora el boomerang llegó a destino. Los encandilados por los superficiales visos de “democracia directa” de la protesta y su fetiche “quilomberista” de la sagrada “lucha social” no vieron el bosque feroz detrás del arbolito con luces de colores. A esta altura las aguas rebalsan de humor destituyente en el interior y la postura del campo gana cada vez más espacio en la opinión pública. De Angelis se ha vuelto el nuevo Perón de las Pampas Argentinas para los grandes medios que ya hablan de “otro 17 de octubre de 1945”, y de su mano puede venir cualquier proyecto ya que del otro lado poco queda por oponer para revertir la opinión. ¿O queda algo? Algunos confiaban que la exposición de los campo-golpistas como responsables del caos que causan sus bloqueos debilitaría su apoyo popular pero parece hasta ahora la dinámica de los hechos lo desmiente; ha calado demasiado hondo, al menos en el interior, la onda de que tienen razón y pueden hacer lo que se les de la gana. Salir a normalizar la situación de las rutas significa exponerse al reflejo condicionado de toda una maquinaria mediática que acusará a todo acto del estado de “represión”. Sostener y explicar esto enfrentando esa corriente tan fuerte de opinión pública es difícil sin ampliar la base de sustentación del gobierno, para ello debe romper su aislamiento político. Desde las voces (pocas) no estrictamente oficialistas que no apoyan al campo, pueden leerse ideas que concuerdan a grandes rasgos en la necesidad del gobierno de salir del autismo y generar un mayor consenso, tanto en lo político orgánico en lo vivamente popular.
La dinámica totalitaria, golpista y extorsiva del planteo del campo es inédito en la Argentina. Repasemos sus características salientes:
-Es un planteo absoluto que no admite negociación, que se pone como objetivo obtener la concesión de todo lo pide o persistir indefinidamente en la desobediencia a la Ley y en las medidas de coacción física.
-Apela al uso de la fuerza en perjuicio de toda la sociedad. No repara en provocar daños a terceros con tal de incrementar el efecto desestabilizador. Aunque no se usen armas de fuego hay modos de acción que implican el uso de la fuerza como coacción física: el bloqueo de rutas con elementos físicos como vehículos pesados o cualquier otro elemento, las amenazas de agresión y represalias a quién pretenda birlar el bloqueo.
-Se rebela y no acata las disposiciones de la justicia del estado de derecho.
3 comentarios:
La única opción que nos queda ahora, es salirnos de este dualismo impuesto, que muchos no elegimos ni pedimos y hacer algo por la frágil democracia en la que nos toca vivir.
Así es, es una opción válida la que planteás, y es en la que estamos muchos. ¿Paradojal no? Parece que los que ahora estamos "defendiendo" al gobierno somos los que hemos sido críticos de él en muchos aspectos. Pero se trata de mantener la sensatez y la defensa de lo esencial en momentos críticos.
Creo que muchos nos imaginamos en esta situación.
Seguro que muchos de los que piensan así ni siquiera votaron a Cristina Fernández...
Pero quedarse con los brazos cruzados tampoco es la solución.
Difícil, no?
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