La otra inseguridad jurídica

En el relato neoliberal básico existe un estribillo repetido hasta el hartazgo, el reclamo” por “la seguridad jurídica”. En general se trata de una idea sana en su origen que se refiere al respeto de derechos adquiridos a través de acuerdos y convenios, por lo cuales se toman decisiones de inversión. Claro que el aspecto solo parece preocuparles en función de mantener los beneficios cuantiosos que obtienen de algún contrato de dudosa relación con la transparencia y la competitividad. Empresas privatizadas en condiciones viles, adquisiciones y concesiones obtenidas al borde la pura gracia, explotaciones que incumplen las pautas establecidas. Pero más allá de eso todos podríamos coincidir en el ideal de un mundo donde reinara una estable racionalidad en reglas de juego que duraran cien años, porque sería beneficioso para todos. Pero la realidad muestra que ese ideal casi nunca se alcanza y los responsables de esto no son solo los gobiernos o los estados. Los cataclismos que pulverizan la estabilidad jurídica de las sociedades a menudo se originan en acciones derivadas de los grandes agentes económicos que luego terminan arrastrando a los estados.

¿Cuál es la suerte que corre la “seguridad jurídica” en los feroces ajustes fiscales que se acometen periódicamente con total alevosía sobre las sociedades, avasallando derechos adquiridos y cancelando cientos de situaciones legalmente establecidas? ¿Que fue de “la seguridad jurídica” durante la crisis de las hipotecas, la caída de los bancos o la cancelación forzada de los planes de inversión basados en esos créditos? Para los impulsores de los desastres, las crisis y los ajustes capitalistas no existe preocupación por “la seguridad jurídica” de ninguna de sus damnificados.