La Carta 11, tomando como eje la igualdad como valor social y como aspiración, desarrolla un extenso, prolijo y completo repaso de la situación de la Argentina y del gobierno kirchnerista en los últimos años. Y este barrido que describe con amplitud logros y asignaturas pendientes de las gestiones oficiales se vuelve una especie de programa de gobierno alternativo, en estado de respetuosa sugerencia. Resaltando zonas verdes, grises y amarillas –no aparece el rojo de ninguna crítica agua en esta mirada-, se deja constancia de aciertos acumulados y de cuestiones pendientes de desarrollo, implementación, profundización o mejora. En ese marco se tocan varios tópicos sensibles. La situación internacional y el posicionamiento en materia de política exterior es aprobado en general con la salvedad de introducir una breve y sucinta queja por la ley antiterrorista:
“Pero resulta equivocado legislar esas cuestiones en el formato de “Ley Antiterrorista”, como se lo hace en el actual proyecto que trata el Congreso. Ese dispositivo adopta la duplicación de condenas acogiéndose a una definición del concepto de terrorismo de carácter tan inespecífico, que podría utilizarse en fallos judiciales que criminalicen la protesta social. Formato antiterrorista e inespecificidad de acepción que deriva del poder y las presiones norteamericanas en los foros internacionales. El gobierno argentino se ha destacado por su voz crítica en ellos y por eso sorprende y preocupa esta adopción de un estándar internacional contradictorio con el espíritu democrático del proyecto nacional que hoy despliega”
Aquí se evidencia una contradicción, porque se manifiesta un atinado reproche por la “inespecificidad” de la definición de terrorismo que incluye la ley pero a renglón seguido se cae en cierta vaguedad al mencionar que el peligro es que sea criminalizada la “protesta social”, que así tirada como categoría es precisamente un canto mismo a lo inespecífico. ¿Que es una protesta social? ¿Como, quién y cuando la califican de tales? ¿El lock out campestre de inspiración destituyente es una protesta social? ¿Un planteo sindical movilizado políticamente y destinado a crear caos es una protesta social? Es sabido que un modelo redistributivo tiene por defecto unos niveles un tanto considerables de conflictividad que no debieran asustar a nadie, pero que llevan a prever el peligro de que haya algunos a los que si asusten. Es evidente que no se hila demasiado fino en ninguna parte en el análisis de la ley antiterrorista y la trama de compromisos que están ligados a su sanción. No lo hace Carta Abierta, como tampoco lo hace la oposición ni el propio gobierno, por lo que queda como un tema oscurecido, pasible de las más variadas sospechas. ¿Son aprietes de Estados Unidos de necesaria aceptación a cambio de vitales contraprestaciones estratégicas para la sustentabilidad del Modelo? ¿Hay también cierto compromiso adquirido en el bloque latinoamericano en tal sentido?
Luego la Carta habla con bastante tino de lo que hace falta avanzar en equidad impositiva;
“Pero el régimen impositivo sigue siendo injusto con el 20% más pobre de la población y reclama una reforma tributaria. Reforma que también es necesaria para la estabilidad estratégica fiscal. El impuesto a la renta financiera, la mayor progresividad del impuesto a las ganancias, la reforma en el impuesto al valor agregado, la consolidación de las retenciones (inclusive recuperando la idea de retenciones móviles) y el refuerzo de las imposiciones patrimoniales provinciales, son cuestiones pendientes”
Se recuerda el área de salud donde no se logró el avance presupuestario obtenido en áreas como educación;
”En relación a la salud pública es preciso puntualizar que no se han producido avances en importancia e intensidad equivalentes a los que sí se dieron en áreas como los derechos previsionales, humanos, educación y de generación de empleo. Se ha tendido a consolidar la inercia heredada, a contramano de las notables transformaciones que el modelo nacional y popular ha sabido generar. El control a los laboratorios, la producción pública de medicamentos y la regulación de la medicina prepaga deberían avanzar en la generalización de un sistema igualitario de salud. Hoy sólo el 1,9% del PBI se invierte en salud pública gratuita, mientras subsiste -en un sistema fragmentado- una enorme inequidad en la distribución de los recursos”
Y se esbozan deseos de profundizar la vía estatista en el control de cada vez más zonas claves de la economía como el sector financiero:
“Nuevas leyes que regulen el funcionamiento de las entidades, las funciones del Banco Central -que incluyen la recuperación del poder estatal para articular la política monetaria con las otras políticas públicas- y los derechos, acceso y protección a los usuarios del crédito, significarán la derogación y el reemplazo de la que fuera la ley de leyes de la política económica de la dictadura terrorista: la ley de entidades financieras, y, también, de la carta orgánica del Banco Central, columna vertebral de la financiarización”
Nada se dice de los cotos mineros u otras áreas de negocios que parecen todavía “zonas liberadas” donde no llega la incidencia ideológica del Modelo y que tanto pataleo generan en la izquierda no kirchnerista.
El remate se tiñe lamentablemente de un moyanismo ingenuo –el mismo que caracteriza a Ricardo Forster por ejemplo- que se empecina en tomar como real un recorte de su propia voluntad perceptiva, una CGT nacional, popular, subordinada y militante. Ven un Moyano idealizado, de laboratorio, alejado del Moyano real. Como si sus pergaminos adquiridos en los 90 bastaran para decretar su posicionamiento presente y futuro, desconociendo los datos de su actual realidad y su ya mil veces vociferada postulación para la competencia política interna por la presidencia. Se enceguecen y no quieren ver a un Moyano que viene gritando desde el 2010 a los cuatro vientos que quiere pelearle el liderazgo a Cristina. No comprendo si pretenden minimizar el enfrentamiento o intentan propiciar un acercamiento llamando a ambas partes a la reflexión.
“El grupo que hoy conduce la CGT se templó en la resistencia de los años ‘90; y desde 2003 para aquí articuló alianzas al tiempo que sostuvo la mejora de los salarios y la ampliación de derechos. Un contexto de expansión de la demanda laboral y de paritarias reconocidas lo hizo crecer y afirmarse. Hoy aparecen, enfáticamente anunciadas, oscuridades en esas alianzas”
Luego si revisamos este párrafo veremos cierta contradicción
“La imprescindible política de incrementos salariales sistemáticos propiciados, a partir de 2003, por los gobiernos nacionales tendió a compensar esa transferencia inicial y distribuir los beneficios de la acelerada creación de riqueza que se produjo. Con el fin de preservar el carácter progresivo de la política pública -uno de los basamentos del modelo económico- parece imprescindible encauzar el debate acerca de la inflación y el tipo de cambio hacia los complejos escenarios de la puja entre sectores sociales por la distribución del excedente, ejercicio que implica analizar precios, tasas de ganancia, productividad, inversiones y salarios de manera conjunta”.
Lo afirmado se contradice con el moyanismo optimista evidenciado. Y expone en carne viva el nudo de un dilema principista que acosa al que pretende cotejar la cruda realidad de los purismos ideológicos. Aprobar cualquier demanda salarial por el hecho mismo de considerarla incondicionalmente legítima en origen abre un camino irresoluble de conflictividad e imposibilidad de equilibrio. Si siempre el que demanda más salario tiene razón independientemente del contexto que determina cómo, cuánto, dónde y por qué se demanda, todo se reduce a ponerse detrás de apetito del que pide. Es una linda consigna para el discurso políticamente correcto, pero desde el punto de vista de la gestión política es un callejón que estrecha y hace peligrosas las salidas.
Los hechos de Santa Cruz hoy día dan la pauta de que no es tan simple ni automático el cálculo de la ecuación ideológica y que aparecen hechos confusos. Recibimos la noticia que un gobernador oficialista toma de pronto una iniciativa de ajuste en apariencia "ortodoxo", a contramano de la tendencia que impulsa el modelo nacional. Pero ¿por qué motivos? ¿Se volvió de derecha de pronto o asumió la necesidad de un ajuste en "sintonía fina"? ¿La Cámpora se despega para no pagar el costo político? Luego vemos que entre otras cosas se trata de pasar la edad jubilatoria de los estatales de 50 a 60 años para las mujeres, y de 55 a 65 años en los hombres, estándares que rigen en casi todo el resto del país pero no en la provincia de nuestro sur. Muy extraño todo.
Muchos no quieren asumir que el mundo color de rosa de la primavera electoral ya terminó y comenzó el duro tiempo de gestión. Y que más allá de que no sea la frase que más endulza los oídos progres, la supervivencia del modelo está antes que su profundización; para pensar en la segunda se necesita no poner el peligro la primera. Creo que tensiones de este tipo son las ocuparán buena parte del debate en el año que se inicia.
“Pero resulta equivocado legislar esas cuestiones en el formato de “Ley Antiterrorista”, como se lo hace en el actual proyecto que trata el Congreso. Ese dispositivo adopta la duplicación de condenas acogiéndose a una definición del concepto de terrorismo de carácter tan inespecífico, que podría utilizarse en fallos judiciales que criminalicen la protesta social. Formato antiterrorista e inespecificidad de acepción que deriva del poder y las presiones norteamericanas en los foros internacionales. El gobierno argentino se ha destacado por su voz crítica en ellos y por eso sorprende y preocupa esta adopción de un estándar internacional contradictorio con el espíritu democrático del proyecto nacional que hoy despliega”
Aquí se evidencia una contradicción, porque se manifiesta un atinado reproche por la “inespecificidad” de la definición de terrorismo que incluye la ley pero a renglón seguido se cae en cierta vaguedad al mencionar que el peligro es que sea criminalizada la “protesta social”, que así tirada como categoría es precisamente un canto mismo a lo inespecífico. ¿Que es una protesta social? ¿Como, quién y cuando la califican de tales? ¿El lock out campestre de inspiración destituyente es una protesta social? ¿Un planteo sindical movilizado políticamente y destinado a crear caos es una protesta social? Es sabido que un modelo redistributivo tiene por defecto unos niveles un tanto considerables de conflictividad que no debieran asustar a nadie, pero que llevan a prever el peligro de que haya algunos a los que si asusten. Es evidente que no se hila demasiado fino en ninguna parte en el análisis de la ley antiterrorista y la trama de compromisos que están ligados a su sanción. No lo hace Carta Abierta, como tampoco lo hace la oposición ni el propio gobierno, por lo que queda como un tema oscurecido, pasible de las más variadas sospechas. ¿Son aprietes de Estados Unidos de necesaria aceptación a cambio de vitales contraprestaciones estratégicas para la sustentabilidad del Modelo? ¿Hay también cierto compromiso adquirido en el bloque latinoamericano en tal sentido?
Luego la Carta habla con bastante tino de lo que hace falta avanzar en equidad impositiva;
“Pero el régimen impositivo sigue siendo injusto con el 20% más pobre de la población y reclama una reforma tributaria. Reforma que también es necesaria para la estabilidad estratégica fiscal. El impuesto a la renta financiera, la mayor progresividad del impuesto a las ganancias, la reforma en el impuesto al valor agregado, la consolidación de las retenciones (inclusive recuperando la idea de retenciones móviles) y el refuerzo de las imposiciones patrimoniales provinciales, son cuestiones pendientes”
Se recuerda el área de salud donde no se logró el avance presupuestario obtenido en áreas como educación;
”En relación a la salud pública es preciso puntualizar que no se han producido avances en importancia e intensidad equivalentes a los que sí se dieron en áreas como los derechos previsionales, humanos, educación y de generación de empleo. Se ha tendido a consolidar la inercia heredada, a contramano de las notables transformaciones que el modelo nacional y popular ha sabido generar. El control a los laboratorios, la producción pública de medicamentos y la regulación de la medicina prepaga deberían avanzar en la generalización de un sistema igualitario de salud. Hoy sólo el 1,9% del PBI se invierte en salud pública gratuita, mientras subsiste -en un sistema fragmentado- una enorme inequidad en la distribución de los recursos”
Y se esbozan deseos de profundizar la vía estatista en el control de cada vez más zonas claves de la economía como el sector financiero:
“Nuevas leyes que regulen el funcionamiento de las entidades, las funciones del Banco Central -que incluyen la recuperación del poder estatal para articular la política monetaria con las otras políticas públicas- y los derechos, acceso y protección a los usuarios del crédito, significarán la derogación y el reemplazo de la que fuera la ley de leyes de la política económica de la dictadura terrorista: la ley de entidades financieras, y, también, de la carta orgánica del Banco Central, columna vertebral de la financiarización”
Nada se dice de los cotos mineros u otras áreas de negocios que parecen todavía “zonas liberadas” donde no llega la incidencia ideológica del Modelo y que tanto pataleo generan en la izquierda no kirchnerista.
El remate se tiñe lamentablemente de un moyanismo ingenuo –el mismo que caracteriza a Ricardo Forster por ejemplo- que se empecina en tomar como real un recorte de su propia voluntad perceptiva, una CGT nacional, popular, subordinada y militante. Ven un Moyano idealizado, de laboratorio, alejado del Moyano real. Como si sus pergaminos adquiridos en los 90 bastaran para decretar su posicionamiento presente y futuro, desconociendo los datos de su actual realidad y su ya mil veces vociferada postulación para la competencia política interna por la presidencia. Se enceguecen y no quieren ver a un Moyano que viene gritando desde el 2010 a los cuatro vientos que quiere pelearle el liderazgo a Cristina. No comprendo si pretenden minimizar el enfrentamiento o intentan propiciar un acercamiento llamando a ambas partes a la reflexión.
“El grupo que hoy conduce la CGT se templó en la resistencia de los años ‘90; y desde 2003 para aquí articuló alianzas al tiempo que sostuvo la mejora de los salarios y la ampliación de derechos. Un contexto de expansión de la demanda laboral y de paritarias reconocidas lo hizo crecer y afirmarse. Hoy aparecen, enfáticamente anunciadas, oscuridades en esas alianzas”
Luego si revisamos este párrafo veremos cierta contradicción
“La imprescindible política de incrementos salariales sistemáticos propiciados, a partir de 2003, por los gobiernos nacionales tendió a compensar esa transferencia inicial y distribuir los beneficios de la acelerada creación de riqueza que se produjo. Con el fin de preservar el carácter progresivo de la política pública -uno de los basamentos del modelo económico- parece imprescindible encauzar el debate acerca de la inflación y el tipo de cambio hacia los complejos escenarios de la puja entre sectores sociales por la distribución del excedente, ejercicio que implica analizar precios, tasas de ganancia, productividad, inversiones y salarios de manera conjunta”.
Lo afirmado se contradice con el moyanismo optimista evidenciado. Y expone en carne viva el nudo de un dilema principista que acosa al que pretende cotejar la cruda realidad de los purismos ideológicos. Aprobar cualquier demanda salarial por el hecho mismo de considerarla incondicionalmente legítima en origen abre un camino irresoluble de conflictividad e imposibilidad de equilibrio. Si siempre el que demanda más salario tiene razón independientemente del contexto que determina cómo, cuánto, dónde y por qué se demanda, todo se reduce a ponerse detrás de apetito del que pide. Es una linda consigna para el discurso políticamente correcto, pero desde el punto de vista de la gestión política es un callejón que estrecha y hace peligrosas las salidas.
Los hechos de Santa Cruz hoy día dan la pauta de que no es tan simple ni automático el cálculo de la ecuación ideológica y que aparecen hechos confusos. Recibimos la noticia que un gobernador oficialista toma de pronto una iniciativa de ajuste en apariencia "ortodoxo", a contramano de la tendencia que impulsa el modelo nacional. Pero ¿por qué motivos? ¿Se volvió de derecha de pronto o asumió la necesidad de un ajuste en "sintonía fina"? ¿La Cámpora se despega para no pagar el costo político? Luego vemos que entre otras cosas se trata de pasar la edad jubilatoria de los estatales de 50 a 60 años para las mujeres, y de 55 a 65 años en los hombres, estándares que rigen en casi todo el resto del país pero no en la provincia de nuestro sur. Muy extraño todo.
Muchos no quieren asumir que el mundo color de rosa de la primavera electoral ya terminó y comenzó el duro tiempo de gestión. Y que más allá de que no sea la frase que más endulza los oídos progres, la supervivencia del modelo está antes que su profundización; para pensar en la segunda se necesita no poner el peligro la primera. Creo que tensiones de este tipo son las ocuparán buena parte del debate en el año que se inicia.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario