Los sucesos de la ex Terrabusi (actual Kraft Food) han ocupado el centro de la escena pública. Desde la agrupación Carta Abierta se emitió una postura que generó en el blog Artepolítica un debate donde conviven buenas intenciones con torpes revanchismos, pases de factura y miserias ideológicas.
Nadie puede estar a favor de que caguen a palos a los trabajadores, pero estas escenas son mucha más que simples actos destinados a recibir condenas a violaciones de principios abstractos. Las lecturas apresuradas tanto como las demasiado globales llevan a entenderlo en términos de intercambio de íconos simplificadores; y eso es la garantía de enfoques siempre alejados de un buena aproximación a la realidad de los hechos y sus significados.
No me parece casual que esta empresa “provoque” a los trabajadores con actitudes como los despidos en razón de demandas que sonaban corrientes, razonables y hasta obvias, que además incluyan prácticas ya casi anacrónicas de “venganza” empresarial como el despido de delegados. marcados a causa de su combatividad. Tampoco que asuman una postura tan dura como las negativas a aceptar los dictámenes del Ministerio de Trabajo. Supongamos una hipótesis: se buscó o alentó con estos despidos arbitrarios e irritativos provocar en los trabajadores organizados en gremios combativos una reacción extrema como la toma que se sabía puede tensar las cosas de una forma terminante y llevar el conflicto al punto de una dificil y costosa -políticamente- resolución cuasi-represiva ¿Quién se beneficia de ello?
Tampoco me parece aporte mucho enredarse en una lucha de pureza ideológica alrededor del concepto “represión a los trabajadores” en abstracto fuera de las circunstancias del hecho. Hubo una toma de un establecimiento, la ocupación forzada es una medida de fuerza que no está amparada por las leyes de la constitución como la huelga, o al menos no está amparada de la misma manera. No se trató de una ocupación en circunstancias de abandono empresario, vaciamiento o pérdida de la fuente de trabajo asimilable a figura de recuperación o gestión obrera de subsistencia, sino como medida de fuerza ante un conflicto puntual. Por más sueños encendidos que tengan algunos sectores de la izquierda, no se puede vivir ocupando fábricas y autopistas sin que el estado hago algo si es que quiere seguir siendo estado. Si se legitima una ocupación a causa de un conflicto gremial por despidos el estado entra en un proceso de debilidad irreversible. ¿O se espera instalar el socialismo real de un día para el otro ocupando todas las fábricas del país confiando en que se respetará la máxima progre de “no reprimiremos trabajadores” contra un poder que casi destituye un gobierno sólo porque osó aumentar un impuesto? La justicia por mano propia no sirve fuera de una racionalidad de un proceso político.
Todos saben que el caos no es gratis, que generar actos como tomas prolongadas de establecimientos o el corte de autopistas, tienen un inevitable costo de desestabilización que paga el gobierno de turno. La mejor opción no creo que sea agregarle más temblor de piso al gobierno del que ya se ha ganado de parte de sus poderosos enemigos. El gobierno de los Kirchner apostó a regalar el espacio público como bien de uso político para miel de una izquierda un tanto primitiva que a veces pareciera alimentarse con el placebo del quilombo público, y lo único que consigue realmente es aumentar la popularidad de la derecha a la vez que garantiza de por vida la impopularidad de todas las ideas de izquierda que se asocian de inmediato a ese despelote descontrolado donde la ligan los que ninguna culpa tienen. Esta legitimación del uso del caos ya fue apropiada y usada por la derecha en provecho propio durante el conflicto del campo; lo que puso a un gobierno al borde de la inoperancia teniendo que soportar impávido un cuasi complot de bloqueo y paralización productiva igualable a un golpe de estado económico.
Releo en un un diario la declaración de un trabajador ante la pregunta "¿Que le reprocha usted al Ministerio de Trabajo?"
“Que teniendo el poder de policía dictaron dos veces una conciliación obligatoria, la empresa no la acató y no se la hicieron cumplir. La empresa avasalló un montón de leyes, como la que impide despedir a delegados con fueros. Trabajo tenía la fuerza necesaria para hacerla cumplir. Teníamos expectativas, pero nos terminamos dando cuenta de que tuvimos que enfrentarnos no sólo con la empresa, también con el sindicato, el ministerio y la Justicia”
Tal cual. Lo que debemos exigir es que se actúe contra la empresa con el rigor de la ley tanto como se actuó contra los trabajadores. ¿Por qué se habilitó el uso de la fuerza para hacer cumplir una resolución judicial en un caso y en el otro no? Si para que ellos cumplieran con el desalojo de la planta se apeló a la fuerza pública como dicen los libros, que suceda lo mismo con las medidas que debe o deberá cumplir la empresa dictadas por el Ministerio de Trabajo. Debe además blanquearse e informarse sobre la naturaleza del conflicto y el accionar de los empresarios y dirigentes sindicales. No se debería admitir si es que existió el hostigamiento de los grandes gremios oficiales a las minorías sindicales de izquierda; la plena democratización sindical es otra cuenta pendiente de este gobierno nac & pop, no todo se termina en la ley de medios.
Nadie puede estar a favor de que caguen a palos a los trabajadores, pero estas escenas son mucha más que simples actos destinados a recibir condenas a violaciones de principios abstractos. Las lecturas apresuradas tanto como las demasiado globales llevan a entenderlo en términos de intercambio de íconos simplificadores; y eso es la garantía de enfoques siempre alejados de un buena aproximación a la realidad de los hechos y sus significados.
No me parece casual que esta empresa “provoque” a los trabajadores con actitudes como los despidos en razón de demandas que sonaban corrientes, razonables y hasta obvias, que además incluyan prácticas ya casi anacrónicas de “venganza” empresarial como el despido de delegados. marcados a causa de su combatividad. Tampoco que asuman una postura tan dura como las negativas a aceptar los dictámenes del Ministerio de Trabajo. Supongamos una hipótesis: se buscó o alentó con estos despidos arbitrarios e irritativos provocar en los trabajadores organizados en gremios combativos una reacción extrema como la toma que se sabía puede tensar las cosas de una forma terminante y llevar el conflicto al punto de una dificil y costosa -políticamente- resolución cuasi-represiva ¿Quién se beneficia de ello?
Tampoco me parece aporte mucho enredarse en una lucha de pureza ideológica alrededor del concepto “represión a los trabajadores” en abstracto fuera de las circunstancias del hecho. Hubo una toma de un establecimiento, la ocupación forzada es una medida de fuerza que no está amparada por las leyes de la constitución como la huelga, o al menos no está amparada de la misma manera. No se trató de una ocupación en circunstancias de abandono empresario, vaciamiento o pérdida de la fuente de trabajo asimilable a figura de recuperación o gestión obrera de subsistencia, sino como medida de fuerza ante un conflicto puntual. Por más sueños encendidos que tengan algunos sectores de la izquierda, no se puede vivir ocupando fábricas y autopistas sin que el estado hago algo si es que quiere seguir siendo estado. Si se legitima una ocupación a causa de un conflicto gremial por despidos el estado entra en un proceso de debilidad irreversible. ¿O se espera instalar el socialismo real de un día para el otro ocupando todas las fábricas del país confiando en que se respetará la máxima progre de “no reprimiremos trabajadores” contra un poder que casi destituye un gobierno sólo porque osó aumentar un impuesto? La justicia por mano propia no sirve fuera de una racionalidad de un proceso político.
Todos saben que el caos no es gratis, que generar actos como tomas prolongadas de establecimientos o el corte de autopistas, tienen un inevitable costo de desestabilización que paga el gobierno de turno. La mejor opción no creo que sea agregarle más temblor de piso al gobierno del que ya se ha ganado de parte de sus poderosos enemigos. El gobierno de los Kirchner apostó a regalar el espacio público como bien de uso político para miel de una izquierda un tanto primitiva que a veces pareciera alimentarse con el placebo del quilombo público, y lo único que consigue realmente es aumentar la popularidad de la derecha a la vez que garantiza de por vida la impopularidad de todas las ideas de izquierda que se asocian de inmediato a ese despelote descontrolado donde la ligan los que ninguna culpa tienen. Esta legitimación del uso del caos ya fue apropiada y usada por la derecha en provecho propio durante el conflicto del campo; lo que puso a un gobierno al borde de la inoperancia teniendo que soportar impávido un cuasi complot de bloqueo y paralización productiva igualable a un golpe de estado económico.
Releo en un un diario la declaración de un trabajador ante la pregunta "¿Que le reprocha usted al Ministerio de Trabajo?"
“Que teniendo el poder de policía dictaron dos veces una conciliación obligatoria, la empresa no la acató y no se la hicieron cumplir. La empresa avasalló un montón de leyes, como la que impide despedir a delegados con fueros. Trabajo tenía la fuerza necesaria para hacerla cumplir. Teníamos expectativas, pero nos terminamos dando cuenta de que tuvimos que enfrentarnos no sólo con la empresa, también con el sindicato, el ministerio y la Justicia”
Tal cual. Lo que debemos exigir es que se actúe contra la empresa con el rigor de la ley tanto como se actuó contra los trabajadores. ¿Por qué se habilitó el uso de la fuerza para hacer cumplir una resolución judicial en un caso y en el otro no? Si para que ellos cumplieran con el desalojo de la planta se apeló a la fuerza pública como dicen los libros, que suceda lo mismo con las medidas que debe o deberá cumplir la empresa dictadas por el Ministerio de Trabajo. Debe además blanquearse e informarse sobre la naturaleza del conflicto y el accionar de los empresarios y dirigentes sindicales. No se debería admitir si es que existió el hostigamiento de los grandes gremios oficiales a las minorías sindicales de izquierda; la plena democratización sindical es otra cuenta pendiente de este gobierno nac & pop, no todo se termina en la ley de medios.
